31 de diciembre de 2019

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Por Vero Ferrari, desde Lima

Pensar que un “buen año” es uno en donde “nos matan menos” puede ser paradójico. Pero lo es en un contexto en donde solían matar a un promedio de 15 personas LGTBI+ anualmente desde que empezaron a contabilizarse nuestras muertes -allá por el 2005 gracias a los primeros informes del Movimiento Homosexual de Lima publicados en 2006, 2007 y 2008, para encarar al Estado por la falta de protección y garantías para nuestra comunidad, y señalarle con cifras que nos estaban matando-. Posteriormente los informes anuales fueron realizados por la organización Promsex desde el 2009 al 2015. Y desde el 2016 hasta la actualidad, la tarea de registrar las afectaciones de los derechos humanos de las personas LGTBI+ la lleva el Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos TLGBI, este año se han registrado al menos 17 crímenes de odio en Perú.

Entre ellos:

Moisés H. N. (17 años), su padre lo mató en medio de una pelea con su madre, a quien intentaba matar. El hombre luego se suicidó. Fue en el departamento de San Martín el 1 de enero de 2019.

Claudia Vera (30), activista trans asesinada a balazos el 30 de marzo mientras transitaba por una calle del distrito de Independencia en Lima. Ella fue fundadora de la organización Jóvenes cambiando VIHdas. 

Guillermo Sandoval (68), conocido como “El Maquillador de las Estrellas”, fue asesinado el 18 de mayo en su vivienda en el distrito de Jesús María en Lima. Su cuerpo estaba semidesnudo, con las manos y piernas amarradas, la boca tapada y diversos cortes de arma blanca en el tórax. Había sido golpeado y estrangulado.

Jorge Javier Cabrera Canales (49), técnico de enfermería asesinado el 19 de mayo en su vivienda en el departamento de Madre de Dios. Su cuerpo estaba completamente calcinado y hasta la actualidad sus asesinos son desconocidos. 

Aldo Condori (40), cantante vernacular conocido como “El Resplandor Huanca” fue asesinado el 25 de junio en su casa en el distrito de El Agustino en Lima. Condori fue acuchillado y degollado presuntamente por uno de sus trabajadores, quien no ha sido capturado. 

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Por cada crimen de odio, dos invisibles

A través de la recolección de noticias en medios escritos, el 2004 se pudieron rastrear 2 crímenes de odio y el 2005, 14. Considerando la ausencia de mejores medios de recojo de data, se considera que por cada crimen de odio reportado hay por lo menos dos no reportado,. Esto solía triplicar la cifra de violencia que vivían las personas LGTBI anualmente en el Perú, y que quedaban ocultas a falta de interés del Estado por recuperar esta información, por el sesgo heteronormativo de los medios de comunicación que terminaban – termina aún- ocultando la identidad de las víctimas y por el temor de las familias al estigma. 

En el año 2006 se registraron 12 crímenes de odio y el 2007 la misma cantidad, lo que mostraba una constancia de esta clase crímenes, que hacían explícita la grave situación de los derechos de las personas LGTBI, siendo la mayoría de los casos contra personas transgénero y travestis, a los que les seguían los hombres gays. En esos años solo se reportó la muerte de una mujer lesbiana. Pero eran años en que ni siquiera se contabilizaban los asesinatos de mujeres heterosexuales. 

Esto cambió en el 2009 y diez años después la cifra de feminicidios asciende a 1318 en total hasta el día de hoy, superando este año todas las cifras anteriores con 166 mujeres asesinadas.

Prosiguiendo con la lista de crímenes de odio contra personas LGTBI, en el 2008 se registraron 10 asesinatos, en el 2009 fueron 19, en el el 2010 fueron 18. Altísima cifra solo replicada en el 2016. En el 2011 mataron a 14 personas LGTBI; el 2012 fueron 7 las víctimas, el 2013 llegaron a ser 17 muertes, el 2014 mataron a 13 personas de la comunidad, el 2015 la cifra fue de 8, la menor en una década, el 2016 recrudeció la violencia justo en el año de Ni una menos en el Perú, el 2017 se registraron 8 crímenes y el 2018 fueron 14. 

El subregistro de crímenes y discriminación

Manuel Forno, activista histórico y presidente de Dignidades, señaló a Presentes que los 17 crímenes de odio registrados son “una cifra alarmante, esto pese a que el gobierno señala haber avanzado en disminuir la violencia contra nosotrxs, a través del involucramiento de las instituciones de turno Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Poder Judicial. Si bien son las principales instancias donde aparentemente nosotrxs tenemos que realizar denuncias, hay algo que no ha cambiado y que se repite exactamente todos los años: cuando nuestro principal violentador es la policía o las fuerzas municipales de serenazgo. Nosotrxs no denunciamos en las comisarías porque desde el momento que entramos somos vulnerables a todo acto de violencia y eso genera un subregistro que está ligado a la burlas, a la indiferencia y a la negligencia”. 

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Forno añade que “el gobierno de turno y el nuevo Congreso deben resolver de manera prioritaria el abordaje de esta problemática con el enfoque de género. En el caso de las mujeres hay leyes que no se toman en cuenta. En el caso de nosotrxs no existen leyes y seguimos en la invisibilidad. Y si nosotros no existimos, nuestras muertes no importan”.

Decreto contra crímenes de odio y feminicidios

En el Perú, la única protección legal contra los crímenes de odio es el Decreto Legislativo 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Este decreto, que señala que es un agravante “ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”, intentó ser derogado por el fujimorismo para que se retire violencia de género, orientación sexual e identidad de género de las protecciones, y se consiguió a medias, pero nunca fue aprobada la derogación y luego el Congreso fue disuelto. 

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Probablemente los nuevos congresistas antiderechos que ingresen buscarán impulsar esta derogación, mientras tanto, de los cinco crímenes de odio registrados, cuatro han quedado en la completa impunidad.