El país aún no cuenta con un observatorio oficial de víctimas de crímenes de odio por identidad de género. Las cifras recogidas por diversas organizaciones en 2016 hablan de por lo menos 16 travesticidios: más del total de crímenes de odio 2015 contra personas TLGBI reportados en el informe de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).   Por Carolina Rosales Zeiger Fotos: Ariel Gutraich y archivo Presentes    (#BUENOSAIRES) — A Sofía la encontraron el lunes, asesinada de un golpe en la cabeza, en un terreno abandonado en Mercedes. Erika tenía 29 años. Zoe, 36. Evelyn había cumplido los 26 y su imagen sin vida se viralizó en las redes sociales. Eran personas trans y fueron asesinadas en 2016. Se estima que durante este año se registraron al menos 16 travesticidios/transfemicidios. El promedio de vida de las personas travestis y trans no supera los 40 años, señalan diferentes estudios sobre esta población. De los 13 crímenes de odio que el informe anual de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) documentó en 2015 (en base a noticias aparecidas en los medios de comunicación), seis fueron contra personas travestis o trans. Pero las cifras de travesticidios de este año, supera incluso al total de crímenes de odio del año pasado.

«Nos matan y nuestras muertes no interpelan»

Según el mapa colaborativo de las violencias trans  (donde la activista Paula Salinas recopila los datos que cualquier persona puede aportar) en 2016 se perpetraron al menos 11 asesinatos a personas trans y travestis. En el número coinciden el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, coordinado por La Casa del Encuentro, y el de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Sólo hacen breves aclaraciones en medio de sus informes por femicidios en general: las organizaciones que están llevando a cabo los primeros informes específicos acerca de crímenes por identidad de género – la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), la Defensoría del Pueblo y OTRANS- estiman que el número de casos denunciados podría ascender, por lo menos, al doble e incluso podría acercarse al triple. El recrudecimiento de la violencia convocó el 24 de noviembre en Plaza de Mayo a un «Gritazo» donde un grupo de organizaciones TLGBI declararon el estado de emergencia del colectivo por la violencia sistemática y en aumento contra el colectivo. Formaron una ronda alrededor de la Pirámide y, emulando una lucha histórica de Madres y Abuelas, exigieron: Basta de travesticidios. «A las travestis y trans nos matan y nuestras muertes no interpelan, ni son motivo para reclamar justicia como otras. Para la sociedad y para el Estado, nuestra muerte, así como nuestra vida, no vale nada, no es una vida digna de ser vivida en igualdad de condiciones, como la vida de cualquier ciudadano común. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación y para ello claro… ESTAR VIVAS», decía el documento que leyeron ese día las asociaciones convocantes.

Con violencia y saña

A Bella Inostroza, de 40 años, la encontraron muerta el 17 de enero en General Roca, Río Negro. Su cuerpo yacía en una acequia, con signos de violencia y un tiro en la cabeza. El crimen fue calificado como homicidio simple y hasta hoy no hay imputados. Erika Rojas desapareció el 1 de abril. La encontraron 20 días después, en el parque industrial de Formosa: la habían quemado, y lo mismo habían hecho con sus pertenencias. No hay imputados por su asesinato. La Jose Zalazar Maturano era trabajadora de limpieza en la Casa del Niño y del Adolescente de La Boca.  La encontraron muerta el 22 de febrero en Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. Estaba desnuda, con golpes en la cabeza y en el cuerpo, y tenía la cara tajeada. Por el crimen tampoco hay imputados. A Zoe Quispe, integrante de la organización “Damas de Hierro” en Jujuy, su pareja la asesinó el 10 de septiembre, de 36 puñaladas. Aún hoy la fiscalía continúa enmarcando sus investigaciones como «homicidio doblemente calificado por el vínculo y ensañamiento o alevosía”, y no como crimen de odio. El caso de Evelyn Rojas en Misiones causó apenas un poco más de revuelo cuando las fotos de su cuerpo sin vida circularon en las redes sociales. A Evelyn la atacaron a golpes con un objeto contundente en el rostro. Cuando la encontraron, en una estación de servicio abandonada de Posadas, estaba semidesnuda y tenía la cara desfigurada. Estrella Belén Sánchez tenía 26 años y murió el 16 de noviembre en el Hospital de Urgencias de Córdoba de un paro cardíaco, como consecuencia de las heridas que le habían infringido en el cuerpo. La Justicia investiga a los ocupantes de una 4×4 con los que se sospecha la víctima se encontró horas antes de que la asesinaran.

Más violencia institucional en Buenos Aires, San Juan y Jujuy

Todos estos datos se recopilaron de redes sociales y medios de comunicación: Argentina aún no cuenta con un observatorio oficial de víctimas de crímenes de odio por identidad de género. La Federación LGBT (FALGBT) anunció en mayo de este año el lanzamiento de un informe para 2017. Trabajarán en conjunto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. “Esperando la muerte”: así se llamará el informe, tal como contó a Presentes Marcela Romero, presidenta de ATTTA y FALGBT. Detalló: “Llevamos un conteo de al menos 14 casos. Además hay un incremento en la violencia institucional, sobre todo en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Jujuy”. En 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó la Primera encuesta sobre población trans y travesti, registró que el 83% de esta población fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial. En su informe anual, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), después de recibir un trabajo realizado por varias organizaciones sobre la situación de personas trans y travestis de Argentina, hizo especial énfasis en la necesidad de generar estadísticas respecto de estos crímenes. Por ejemplo, informes de hostigamiento por parte de la policía y la muerte de activistas. Además, exigió al gobierno argentino adoptar programas para promover el acceso al trabajo digno de esta población. Para la presidenta de ATTTA, el último año arroja cifras que indican un preocupante y elevado aumento en las violencias contra el colectivo trans.  “En zonas como Ruta 8 y Márquez, Camino de Cintura, se llevan detenidas a las compañeras todos los días. Están buscando la coima. Eso hace un año no pasaba”, dijo. Y agregó que el cambio de Gobierno significó también un cambio en la forma de actuar de las Fuerzas de Seguridad. Para Romero, ahora la “bajada de línea” del Estado es una política «represiva y violenta».

«Las fuerzas de seguridad hacen lo que quieren»

Para Esteban Paulón, vicepresidente de la FALGBT y presidente ejecutivo de la Red Gay Latino, el incremento de la violencia institucional es también evidente, aunque la acción del Estado pasa por la omisión en materia de gestión y políticas públicas. “Hay un incremento en la violencia institucional, las Fuerzas de Seguridad hacen lo que quieren” afirmó en diálogo con Presentes. Paulón considera que más que una política direccionada, la nueva gestión da vía libre para que la policía y fuerzas de seguridad actúen con libre albedrío sin regulación alguna. “Se incorporó la Ley de Identidad de Género pero después no hubo más políticas públicas”, denuncia Paulón. Y subraya: “En las provincias no hay servicio de salud, a pesar de que la ley está reglamentada. Todavía hay resistencias y demoras por razones ideológicas, presupuestarias y de prioridades”. Tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012 y su posterior reglamentación, organizaciones y activistas siguen denunciando la falta de presupuesto y voluntad política para lograr su total aplicación. “No hay presupuesto ni decisión política”, afirmó Romero. Para ella, el tema del Cupo laboral hoy es una “cortina de humo” y que lo que debe salir es la “reparación histórica ya”. Claudia Vasquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, opinó que en materia de políticas públicas por parte del Estado “hay una ausencia, una indiferencia y también un desconocimiento”. Y amplió: “Venimos denunciando al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) que no hay una política integral, por ejemplo, para las trans en situación de calle”. En Otrans calculan  “alrededor de 20 casos (de travesticidios) en 2016”. “En octubre nada más hubo 3 travesticidios, hay un incremento y por eso nuestra preocupación”. Para Vasquez, el aumento de las violencias tiene relación directa con el cambio de Gobierno: “La derecha en el poder habilita la posibilidad de discursos, de reduccionismos estigmatizantes que refuerzan el status quo y el heteropatriarcado. Son los que habilitan a monseñor Aguer a pedirle a Macri que derogue la Ley de Identidad de Género, son los que están en Mar del Plata con los grupos neonazis que atacan a pibes gays. Es un pensamiento profundamente conservador que termina potenciando el odio hacia nuestras identidades diversas, lo que se traduce en crímenes de odio, travesticidios y transfemicidios”. Vasquez coincide en que la violencia institucional se agudizó en los últimos 11 meses y destaca la necesidad de abordar una política integral, “con un equipo de acción directa, con abogados y gente formada y sensibilizada, con un psicólogo que te acompañe en esas situaciones y con la articulación con el Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico)  para tratar las adicciones”. En este sentido denunció: “La línea 144 (destinada a dar información, orientación, asesoramiento y contención a las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas) no atiende más. Y si atiende, hay una persona que no está formada. En el Consejo de las Mujeres, llamás y no te atienden, no articulan, te dicen que no dan abasto, que eso se escapa de sus manos, y dan a entender que les falta presupuesto”.

Preocupación mundial

En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contó 594 crímenes LGBT. Al momento de recopilar estos datos, la CIDH observó “la dificultad que existe para determinar la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas debido a que las fuentes de información, y en especial las fuentes periodísticas, rara vez tienen en cuenta la autoidentificación de las víctimas”. El informe elaborado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas de la organización Transgender Europe (TGEU), que se dio a conocer en marzo de 2016, dio cuenta de por lo menos 2.016 homicidios de personas trans y de género diverso en 65 países en el mundo, entre 2008 y 2015. América del Sur y Central concentraron 1500 de esos crímenes. Y el 65% de las víctimas eran personas en situación de prostitución. Muchas organizaciones y activistas, hoy impulsan el uso de las siglas que engloban a la diversidad sexual empezando por la letra T (TLGBI). Es un modo de alertar: las personas travestis y trans hoy atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución “Protección contra la Violencia y Discriminación basada en la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, que creó la figura de una persona experta independiente sobre orientación sexual e identidad de género, con un mandato de tres años. En diciembre, un grupo de países africanos buscó detener la tarea de esta figura pero la Asamblea General de las Naciones Unidas logró hace una semana, por mayoría, los votos necesarios para sostenerla. Desde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) su director ejecutivo, Renato Sabbadini, expresó: «Estamos segures que el Experto Independiente SOGI construirá puentes, en lugar de ampliar las brechas existentes en nuestras comunidades y entre aquellas personas o Estados que piensan que estamos buscando ‘derechos especiales’. Ahora más que nunca nuestras comunidades necesitan aliados para garantizar que ‘todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, como lo afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual es una realidad y no solamente un sueño».

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